Friday, June 16, 2006

Inmigración

Conferencia sobre inmigración

CAMPUS DE ORENSE DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 11/06/2006

Gracias, Yago Fariñas, compañero abogado y animador de estas jornadas europeístas.
Gracias, Pepe Armas, del “Aula Joven de la Universidad de Oviedo, por tus palabras y por el gesto de haber venido, con Juan Luis, desde nuestra ciudad común para intervenir en este acto.

Acto que me resulta especialmente entrañable pues no puedo olvidar que Orense se vincula para mí enseguida al Padre Feijoo, la cabeza más preclara de su tiempo que desde su celda ovetense fue la máxima plasmación española de la Ilustración, de la Cultura y del Progreso. Oviedo y Orense estamos unidos en Feijoo y en estas aulas universitarias debe reivindicarse esa relación que veo muy estrecha entre vosotros, estudiantes de ambas ciudades.
Mis compañeros eurodiputados Antolín Sánchez Presedo y Rosa Miguélez, a los que tanto quiero, os han dado esta tarde una visión de varios aspectos de la política europea que me han servido a mí también por su claridad. Centrémonos ahora en la inmigración.
La inmigración es, sin duda, uno de los grandes retos a los que se enfrenta Europa, sino el mayor.

Los magrebíes que llegaban a Francia y Alemania como trabajadores temporales fueron convirtiéndose en residentes permanentes. Como dice la famosa frase "buscábamos trabajadores y nos encontramos con personas". En España hemos pasado de ser un país emisor a ser un país receptor de emigrantes. No se pueden, por tanto, disociar las políticas de gestión de la inmigración de las políticas de integración.
Hace unos días leía “La invención del Quijote” de Francisco Ayala que les recomiendo vivamente. Es un libro reeditado a caballo de dos centenarios, el cuarto del Quijote y el primero de Paco Ayala, su autor. Además del estudio cervantino, central en el libro, Ayala se extiende en dos breves relatos referidos a la emigración española a Europa de los primeros sesenta, cuando él exilado se encuentra en Alemania con unos jóvenes compatriotas. El contraste de aquella España del exilio con la de la emigración está en uno de los relatos magníficamente reflejada y, como digo, os la recomiendo.

Aquí y ahora el problema de la emigración ha cambiado completamente en tan pocos años. Estamos siendo testigos de diferentes oleadas de inmigrantes ilegales en las costas españolas. Las pateras de africanos llegan sin cesar a las costas canarias y andaluzas. En Italia y Malta se producen también desembarcos ilegales masivos. Otros africanos se deciden por entrar por la puerta de atrás: cruzan los Balcanes y entran a pie por los antiguos países del Este. Por esa ruta entran también miles de europeos que todavía no son ciudadanos de la Unión Europea.
Las mafias que trafican con la necesidad dejan en las islas de Malta, en Lampedusa…a muchos seres humanos y les dicen “¡Ya estais en Europa, ahora a correr hacia arriba, hasta el Norte!”. Es un drama impresionante el que se está viviendo.


Dentro de unos días vamos a contemplar con gran expectación el Mundial de Fútbol de Alemania. A la vez que se han construido o rehecho Estadios de Fútbol, acondicionándolos para el gran acontecimiento deportivo, se han levantado centros de prostitución masiva, que son centros de explotación de muchas de esas mujeres del Este.El que fuera hasta hace unos días Comisario de Derechos Humnanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles, nos contaba en sede parlamentaria, cómo había sido informado de que en la frontera europea se subastaban mujeres. Debemos reflexionar sobre las contradicciones europeas, sobre las contradicciones de nuestra sociedad.En ninguna parte como en Europa hay un nivel de vida, un nivel de democracia; es el único gran espacio del mundo con abolición en todos los países que la forman de la pena de muerte, pero a la vez pasa lo que está pasando. Y esa superexplotación está unida al fenómeno migratorio.
En Bruselas, también se están viviendo muchos otros aspectos de ese gran drama humanitario. Desde la Comisión, el vicepresidente Franco Frattini, "ministro" europeo de justicia e interior, declaró que "España debe ser ayudada. Ningún país europeo puede afrontar la inmigración por sí solo", en respuesta a la carta de petición de ayuda a la Unión Europea escrita por el ministro Moratinos sobre la situación vivida en Ceuta y Melilla.

Una misión de expertos de su equipo visitó la zona para acelerar el acuerdo de readmisión con Marruecos de las personas que cruzan la frontera.

Igualmente, una delegación de parlamentarios europeos, entre los que me encontraba, visitó Ceuta y Melilla para hacer eco de la crisis que se está viviendo e implicar a la ciudadanía europea que representan. Lo que viví en esa experiencia será para siempre inolvidable.

Es bien sabido que la Unión Europea tiene escasas competencias que ahora se abren en este ámbito: política de visados, negociación con los países de origen, tránsito de los inmigrantes y ayudas puntuales para atender situaciones de urgencia humanitaria.

Unida a esta falta de competencias se encuentra la escasez de recursos financieros. Cuando en el año 1999 se negociaron en Berlín las perspectivas financieras para el período 2000-2006, el gobierno español de entonces, del Partido Popular, tenía otras preocupaciones: fondos estructurales, fondo de cohesión y políticas agrícola y pesquera. La inmigración ilegal, aunque ya apreciable, no preocupaba entonces. Incluso, cuando el gobierno alemán pidió ayudas para atender a la masa de refugiados procedente de Yugoslavia, los restantes Estados, incluida España, se encogieron de hombros y dejaron que Alemania se enfrentara por sí sola con el problema.

Para las perspectivas financieras 2007-2013, el gobierno de Rodríguez Zapatero colocó las políticas de inmigración en un lugar prioritario y el resultado de esa negociación ha sido la incorporación de nuevas partidas presupuestarias destinadas a financiar políticas de inmigración. Hay ahora una ficha financiera de casi seis mil millones de euros para cubrir diferentes conceptos, como un Fondo europeo para los refugiados, un Fondo para proteger las fronteras exteriores de la Unión, un Fondo para la integración de nacionales de terceros países y un Fondo para la devolución de inmigrantes a sus países de origen. Existen, además, otros instrumentos que pueden ser utilizados para el control de la inmigración, como el programa FONTEX sobre sistemas de información y una Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la Unión.

Las cantidades previstas pueden parecer insuficientes para cubrir las políticas de inmigración en el conjunto de la Unión durante siete años, pero suponen un paso de gigante desde la situación actual. El gobierno español está llevando a cabo un esfuerzo considerable para aumentar los recursos y los instrumentos necesarios para el desarrollo de esta política en el seno de la Unión. Lamentablemente, al no preverse en 1999 fondos para estas políticas para el periodo 2000-2006, la Unión Europea carece hoy de medios eficaces para sostenerlas. La Comisión, aún así, ha colaborado con el gobierno español en el cierre de la frontera marítima del norte de África y ha aportado alguna ayuda para la inmigración desde Mauritania. Pero estos fondos son insuficientes, lo que hace que, al menos durante el año 2006, el gobierno español tenga que cargar con los costes principales de las operaciones de control y acogida de inmigrantes.

El Parlamento Europeo va a aumentar sus poderes en este campo. Las políticas de asilo pasan a ser materia de codecisión, esto es, la posición del Parlamento será tan importante como la de los estados reunidos en el Consejo. Se aprobó recientemente el último informe que era una mera recomendación en este campo pero que estableció una línea garantista en materia de derechos humanos. Se rechazó el principio del "país superseguro" que pretende que se pueda denegar automáticamente la solicitud de asilo según el país del que provenga, pues la legislación internacional, el Convenio de Ginebra, establece que se deben estudiar las solicitudes de forma individualizada. El Parlamento asimismo estableció que los centros de internamiento para inmigrantes deben ser un último recurso.

Más recientemente se ha aprobado también el informe de la diputada alemana Ewa Klamt, del PPE, para establecer las líneas principales (libro verde) de la emigración económica en Europa. Entre otras cosas, se trató la posibilidad de una "tarjeta verde" (un visado de búsqueda de empleo) para intentar evitar que Europa se convierta en una fortaleza y para que el mercado de trabajo contribuya al máximo a establecer cuántos inmigrantes puede acoger nuestro sistema económico y social.

En el nuevo informe sobre una directiva del retorno destacan varios puntos conflictivos entre los diferentes grupos políticos y los países más sensibilizados con los problemas de la gestión de los flujos migratorios:

-Algunos creen que las zonas de tránsito, zonas por donde llega un gran número de nacionales de terceros países, deberían estar incluidas dentro del campo de aplicación de la directiva.

-El retorno para algunos debería ser sólo hacia los países de origen o un país de tránsito que aplique los acuerdos Schengen (como Noruega o Suiza, esto es, países europeos). Otras veces se propone (como en el informe Kudryscka sobre la financiación de los programas destinados a la inmigración en el marco financiero para los años 2007-2013) que se gestione el retorno hasta el lugar de origen, lo que implicaría la gestión europea del desplazamiento hasta lugares recónditos. Otros piensan que sería suficiente con ofrecer los medios para volver a sus domicilios desde la frontera de su propio país.

-El proyecto plantea que el retorno se dividiría en voluntario y forzoso en la directiva. Sería la consecuencia de dos decisiones judiciales distintas: una decisión de retorno y otra de alejamiento, que tendrían un tiempo entre sí suficiente para facilitar los recursos y el posible retorno voluntario.

-Se protegería en todo caso a los menores no acompañados y a las personas gravemente enfermas que no podrían ser expulsados.

-Existe una polémica en este informe como en otros (en el informe Kudrycka) sobre los vuelos conjuntos. Los últimos datos de los que dispongo es que el coste de una expulsión es de unos 3.000 € de media. La administración española, una de las más cargadas en la gestión de la inmigración ilegal, intenta lógicamente reducir los costes mediante, por ejemplo, el uso de vuelos chárter organizados en los que se devuelven a un mismo país de origen a varias personas. Para algunos esto puede suponer una expulsión colectiva, que no es el caso en España pues el origen de las expulsiones son decisiones individuales. Algunos piden, asimismo, la presencia de ONGs en dichos vuelos para tener mayor seguridad de que se respetan los derechos de los emigrantes expulsados.

Los diferentes modelos de integración en Europa

La integración de los inmigrantes es considerada subjetiva por Joppke y Morawska (autores de "Towards Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nations-States") pues se basa en la idea subjetiva de la existencia de una sociedad receptora integrada compuesta por ciudadanos que están a su vez integrados y que forman un todo.

Para Guild (autora de "International Migration and Security: Opportunities and Challenges") existe una relación entre integración y pobreza. Generalmente no afecta el posible fracaso de la integración a los inmigrantes que no piden al estado ventajas en forma alguna, tales como subvenciones personales o familiares. Así, el estatus económico es un factor determinante a la hora de establecer quién debe someterse a programas de integración obligatorios.

Los modelos de integración se suelen dividir en tres tipos:

a. El multicultural, basado en el respeto y protección de la diversidad cultural y que tiene como objetivo el garantizar la identidad de la comunidad de inmigrantes. Es el modelo establecido tradicionalmente en Holanda y Suecia.
b. La asimilación, se basa en la igualdad, pero sólo para los que tienen la categoría de ciudadanos y pretende la asimilación del extranjero en los valores tradicionales nacionales dominantes y la supuesta identidad común. Francia es el paradigma de este modelo.
c. El de la separación o la exclusión, que se caracteriza por una legislación migratoria restrictiva. Se pretende el mantenimiento del carácter temporal de los inmigrantes. Ejemplos son en este modelo Alemania o Suiza.

Algunos países no tienen todavía una política de integración a nivel nacional. Para el profesor Carrera, España, que ha estado elaborando un marco de integración de inmigrantes desde las elecciones de 2004, espera tener por primera vez una estrategia de integración para este año 2006. Las Comunidades Autónomas detentan las principales competencias en este campo. Diferentes "planes de integración" han sido desarrollados por Cataluña, Madrid y Andalucía, con numerosa población inmigrante. Desde 2001 han aplicado los planes de integración con el objetivo de promocionar la igualdad de trato, el respeto por el interculturalismo y la no discriminación y la protección de la pluralidad cultural. Estos planes prevén orientación y asesoramiento jurídico, educación, cursos de idiomas, al igual que apoyo por los servicios sociales para los inmigrantes.

Existe, pues, una tendencia hacia la concepción de la integración como una obligación del inmigrante para estar incluido y tener acceso a los diferentes servicios sociales. Alemania, Holanda, Austria, Dinamarca y Bélgica (Flandes) han introducido programas obligatorios de integración. Francia y Bélgica (Walonia) aplican programas de integración voluntarios. Sin embargo, Francia está desarrollando un "contrato de integración", cuyo incumplimiento puede poner en peligro la concesión del status de residente permanente. Para Brubaker la integración actual esconde los antiguos modelos de asimilación, incorporación o aculturación. Para el mismo autor, el caso holandés ejemplifica una vuelta a la asimilación, pues en el proyecto de ley aprobado por el Parlamento Holandés el 22 de marzo de 2005 se establece la realización de exámenes en los lugares de origen para seleccionar a los inmigrantes que mejor se puedan adaptar a las sociedades receptoras.

El modelo británico, modificado por ley de Nacionalidad, Inmigración y Asilo de 2002 que entró en vigor en noviembre de 2005, también recoge el requisito para la nacionalización de tener "un conocimiento suficiente sobre la vida en el Reino Unido".

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